XXII. LOS CRIMINALES DE GUERRA SE LO PENSARÁN MEJOR

William R. Pace

Ben Ferencz, un hombre de avanzada edad, menudo y con gafas, se acerca a la tribuna ante una asamblea que reúne a representantes de ciento cincuenta go-biernos de todo el mundo. Sus palabras no están marcadas por el tono excesiva-mente formal y monocorde de los representantes gubernamentales que le han precedido en la oratoria, aunque él fue abogado y, en su momento, represen-tante de su gobierno, Estados Unidos. Más bien al contrario, la voz de Ferencz condensa emoción y pasión desde el momento en que comienza a pronunciar su discurso: «He venido a Roma para hablar por todos aquellos que no pueden hablar, por las víctimas silenciosas de ciertas actuaciones monstruosas. La única voz a la que obedezco para estar hoy aquí es el dictado de mi corazón.»

Unos cincuenta años antes de que esto sucediera, Ben Ferencz era un joven abogado estadounidense que, de la noche a la mañana, se había conver-tido en el principal representante de la acusación ante el Tribunal de Nuremberg. Bajo su responsabilidad recaían las acusaciones contra veintidós altos mandos de las tropas de asalto alemanas, por la exterminación en masa de millones de hombres, mujeres y niños. Pero en este día, había acudido a Roma para solicitar la creación de un nuevo tipo de tribunal, una Corte Penal Internacional de carácter permanente.

La humanidad llevaba siglos luchando para liberarse del azote de las gue-rras mediante la creación de todo un ordenamiento jurídico internacional que pudiera mitigar las atrocidades y el sufrimiento de las personas en la ma-yor medida posible. Sin embargo, el principal problema seguía siendo conse-guir que los criminales respondieran ante la justicia. Los Juicios de Nuremberg, que tuvieron lugar tras la Segunda Guerra Mundial, sentaron el precedente jurídico del procesamiento a gran escala de individuos culpables de crímenes de guerra.

Los acontecimientos de Nuremberg aumentaron las esperanzas de que llegara a existir un tribunal penal permanente que persiguiera los crímenes internacionales más graves, como el genocidio, los crímenes contra la huma-nidad, los crímenes de guerra y las agresiones internacionales. Dicho tribunal se concibió con fines disuasivos, pero llegado el caso, también debía servir para poner a disposición de la justicia a los futuros émulos de Hitler, Idi Amin y Pol Pot, junto con todos sus posibles colaboradores. Sin embargo, hasta los horrores del Holocausto y los golpes de pecho por el «nunca jamás» se acabaron diluyendo en el nuevo y enorme caos nacionalista e histérico de la Guerra Fría.

Hubo que esperar al final de la Guerra Fría para que en 1989, con varias décadas de retraso, la propuesta de creación de una nueva corte penal interna-cional se reintrodujera de nuevo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Con bastante rapidez —en el reducido plazo de cinco años— se consiguió termi-nar el proyecto de ley. Sin embargo, la mayoría de los expertos internaciona-les seguían prediciendo que serían necesarios otros cien años para crear una Corte Penal Internacional, porque se trataba de una cuestión que afectaba a ciertos principios nacionales, como la misma soberanía territorial.

Después de que las discusiones preliminares concluyeran con resultados positivos, se tomó la decisión de celebrar una conferencia internacional en Roma que culminaría con la firma del Tratado de la Corte Penal Internacio­nal. Así, el 15 de junio de 1998, representantes de ciento cincuenta países se reunieron en la capital italiana con una ardua tarea ante ellos. Bien es cierto que ya disponían de un borrador para la nueva ley, pero éste aún incluía entre mil y dos mil «paréntesis», es decir, fragmentos de texto jurídico sobre los que aún no se había alcanzado un acuerdo y que aún quedaban por discutir. Ade­más, en lugar de preparar posibles soluciones de compromiso, los estados acudieron a Roma con innumerables nuevas