VIII. LAS ARMAS NUCLEARES ANTE UN TRIBUNAL

Kate Dewes

«El simple hecho de solicitar un dictamen de carácter consultivo sobre la lega­lidad de un tipo de arma en concreto cuestiona el derecho inalienable de la soberanía de cada estado o grupo de estados... Dicha postura es una violación infame de la Carta de las Naciones Unidas. Es contraria a la ley. Es contraria a la razón...» Estas desmedidas declaraciones por parte del Embajador de Fran-cia en la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1994, fueron la señal de advertencia que indicó que el World Court Project (Proyecto «Tribunal Internacional»), una iniciativa ciudadana iniciada en 1992, estaba alcanzando su objetivo de utilizar la ley y la opinión pública para que el pro-ceso de desarme nuclear fuese imparable.

Desde los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, los estados occidentales poseedores de armamento nuclear (los Estados Unidos, Reino Unido y Francia) han conseguido bloquear todos los intentos de aprobar nue-vas leyes de guerra que prohiban las armas nucleares. Sin embargo, a pesar de la intensa presión que ejercen estos estados, en diciembre de 1994 las Nacio-nes Unidas decidió solicitar al Tribunal Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la licitud del empleo de armas nucleares y de la amenaza nuclear con este tipo de armamento. Como apuntó un miembro veterano de las Naciones Unidas, este acontecimiento se convirtió en la noche más emo-cionante de los últimos 30 años de historia de las Naciones Unidas.

En el plazo de dos años, en julio de 1996, el Tribunal Internacional con-firmó que la amenaza nuclear o el empleo de armamento nuclear se conside-raba ilegal, condenó este tipo de armas con firmeza y dictaminó unánime-mente que debían someterse al Derecho Internacional Humanitario. Aunque sí existen tratados que prohiben el uso de armas químicas y biológicas de destrucción masiva, no existe ningún tratado similar que prohiba el uso de armas nucleares, a pesar de que su uso puede destruir por completo la vida en la tierra. Resulta inconcebible que este tipo de arma siguiera sin ser declarada ilícita por el ordenamiento internacional.

Algunas personas voluntariosas han intentado recurrir a los ordenamientos internacionales y nacionales para luchar contra las armas nucleares. Sin em­bargo, los estados cuyos poderes se basan en las políticas nucleares, empren­den iniciativas de esta categoría en muy escasas ocasiones. El primer ejemplo acaeció en 1973, cuando los gobiernos de Australia y Aotearoa / Nueva Zelanda denunciaron a Francia ante el Tribunal Internacional y reclamaron la ilegali­dad de las pruebas nucleares llevadas a cabo por Francia en el Pacífico Sur. Otro ejemplo destacable tuvo lugar en 1984, cuando los neozelandeses eligie­ron un gobierno que se había comprometido a aprobar la prohibición del armamento y el poder nuclear en su territorio. Estados Unidos y Reino Uni­do amenazaron con imponer fuertes sanciones a todos aquellos aliados que intentasen llevar acabo acciones de rebeldía similares. En 1985, el gobierno francés ordenó el hundimiento del buque antinuclear ‘Rainbow Warrior’ en Auckland. El gobierno de Nueva Zelanda, con el apoyo multitudinario de su pueblo, resistió la abusiva presión internacional a la que estaba sometido y en 1987 consiguió aprobar la Nuclear Free Act (Ley neozelandesa de Prohibición de Actividades Nucleares).